DESDE LOS QUE NO SOMOS DE AQUÍ… PARA LOS QUE YA NO SOMOS DE ALLÁ

Por Francisco Rico-Martínez

Se necesita un programa nacional de regularizar para los indocumentados en Canadá

TORONTO. El Ministro de Inmigración y Ciudadanía, Honorable Jason Kenney, ha dicho en varias ocasiones que el sistema canadiense de refugio y migración es uno de los más justos y generosos en el mundo y que continuará siéndolo aún bajo el nuevo sistema que él ha propuesto. Ahora bien, no es posible usar sendos términos como “justo” y “generoso” para definir un sistema, cuando dicho sistema no posee una alternativa de regulación o legalización para los migrantes más vulnerables, marginalizados y discriminados por nuestra sociedad.

Sí, estoy hablando de los migrantes en condición de precariedad migratoria que viven entre nosotros. Aquellos que el gobierno llama “ilegales” y que nosotros, los trabajadores sociales, les llamamos “personas sin status migratorio”.

Muchos países, incluyendo Canadá, han implementado previamente programas muy exitosos de regularización migratoria. Lo justo y generoso de una sociedad se mide por la forma en que dicha sociedad trata a los más vulnerables, en este caso que nos atañe, la justeza y generosidad de la ley migratoria se mide por la existencia o no de un programa de regularización que le permita a los migrantes en condición de precariedad migratoria alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades que la sociedad en donde viven les otorga a sus habitantes.

En otras palabras, la existencia de estos “estatus migratorios ilegítimos” son el resultado de la naturaleza injusta, inequitativa y restrictiva del mundo en que vivimos, lo cual se materializa en un sistema de refugio y migración que refleja esa naturaleza antes mencionada. Como todos sabemos, esta naturaleza injusta es la que hace que migrantes en situación de irregularidad sean tan vulnerables ante muchas formas de abuso, y que las leyes vigentes de los respectivos países en donde ellos habitan, en principio y práctica, no logran protegerlos ante estos abusos.

El número de migrantes precarios viviendo en Canadá sin la protección de un estatus migratoria se calcula anecdóticamente en alrededor de 350,000 personas. Este número es equivalente al 1% de la población total que vive en Canadá y se calcula por la sumatoria de los siguientes rubros: El número de solicitudes de refugio pendientes; el número de solicitudes pendientes por razones humanitarias; los peticionarios de refugio rechazados esperando ser removidos de Canadá; los miles de casos que tienen una orden de deportación vigente y que las autoridades canadienses desconocen su paradero; los miles de personas que deciden quedarse por más tiempo del que las autoridades los han autorizado y siguen viviendo en Canadá sin ser detectados; y los miles que han entrado a Canadá sin ser detectados y siguen viviendo acá de la misma forma. Como puede verse, 350,000 personas en ilegalidad en Canadá es un estimado conservador.

El ignorar los derechos y necesidades de los “defacto” residentes de este país, que son un número de personas equivalente al 1% de la población canadiense, es una muy mala política pública por muchas razones. A continuación se discutirán las dos que se consideran las más importantes.

La primera, si lo vemos a través del lente de la seguridad pública y social. Viéndolo de una forma muy sencilla: El gobierno necesita saber quién vive en Canadá, a dónde están y qué están haciendo, y la única forma de saberlo es si el gobierno abre una iniciativa nacional de regularización para esta población, en donde todas las personas en esta condición sean motivadas a salir de la “ilegalidad” y presentar una solicitud para su regularización migratoria. No más “second class” individuos.

La segunda, la falta de una alternativa de regularización migratoria, transforma a la familia en una institución ilegal, sin derechos, sin protección. Y la destrucción de la familia, como un efecto no deseado de la política migratoria restrictiva, genera problemas sociales mucho más agudos que lo que la ley migratoria aspira a resolver a través de deportaciones y procesos larguísimos de reunificación.

A muchas familias se les ve afectada su estabilidad y su naturaleza por la falta de alternativas migratorias de regularización, y un programa de regularización motivaría a estas familias a salir de la “ilegalidad” y cobijarse a los miles de programas de apoyo y protección que existen en esta sociedad. No más “second class” familias.

En nombre de la seguridad pública; en nombre de la protección de la familia; en nombre de la comunidad de migrantes sin estatus migratorio que viven en Canadá… Sr. Ministro, implemente un programa nacional de regularización para migrantes en condición de irregularidad que viven entre nosotros.